Mecenazgo e INAEM, dos temas recurrentes

En estos días han vuelto a la actualidad dos viejos asuntos: la Ley de Mecenazgo y la nueva configuración del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. El día de la marmota. Antes o después, a lo largo de cada año aparecen las dos cuestiones y volver sobre ello en un editorial, como estamos haciendo, al cabo no supone sino constatar una suma, a partes iguales, y mientras de una vez por todas no se demuestre lo contrario, de desinterés e incapacidad. Nada de lo que aquí se apunta será posible sin voluntad política y sin un verdadero deseo por parte de los políticos de sacar adelante dos temas no cruciales para las grandes cifras económicas pero sí para el desarrollo de la cultura, la investigación o la ciencia, es decir, eso que contribuye a conocernos mejor y a ser más felices.

La Ley de Mecenazgo fue llevada a trámite parlamentario por el PdeCat en 2020 —el tiempo pasado ha correspondido al trámite de presentación de enmiendas— en lo que en realidad sería la modificación de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Recordemos que fue promesa en su día del gaseoso secretario de Estado de Cultura de entonces, José María Lassalle, y que ahora lo ha sido, en el pasado mes de julio, nada menos que del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero la verdad es que los equilibrios gubernamentales no garantizaban entonces ni lo hacen ahora la viabilidad de una ley tan necesaria. Cultura no es, precisamente, un ministerio políticamente poderoso —recordemos la ingenuidad de aquel ministro que quiso arrebatarle el Instituto Cervantes al Ministerio de Asuntos Exteriores y salió escaldado— mientras Hacienda, de quien depende cualquier paso que, por pequeño que sea, se de en este aspecto, sí lo es. No ha habido por su parte ninguna iniciativa al respecto, quizá fruto de la desconfianza que lo caracteriza por definición y que tiene su base en pensar más en los que defraudan —o se sirven de procedimientos tan legales como de dudosa utilidad social— que en los que pagan. A estas alturas de la legislatura, y con lo que está cayendo, no parece que la nueva ley vaya a ser una prioridad para un ministerio como Hacienda, siempre reticente en este asunto, que es quien va a llevar la voz cantante y que seguramente planteará el posible aumento del gasto público por desgravación como un inconveniente. No se trata de controlar menos, cabría decirle, sino de controlar mejor. Recordemos, de paso, que la ley afectaría también al Ministerio de Ciencia e Innovación, un aspecto este que no se suele tener en cuenta desde el mundo cultural pero que bien podría ayudar a sumar fuerzas de cara a su poco probable aprobación.

Otro de los ojos del Guadiana legislativo es la reorganización del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Como con el nombramiento de nuevo director de la Orquesta y Coro Nacionales de España, ha sido una filtración la que ha desvelado la posibilidad de que la solución propuesta por el Ministerio de Cultura fuera una fundación pública. La realidad de partida es la escasa flexibilidad de la parte económica de la estructura del INAEM mientras parece bien resuelto lo que afecta a ayudas o subvenciones. La fundación pública implicaría, como bien han denunciado los trabajadores, que a estos se les aplicaría la Ley de Función Pública: o quedarse, reduciendo sus condiciones, o convertirse en contratados laborales —lo saben porque algunos vivieron la frustrada fusión del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela. El hecho de que en un comunicado emitido por la dirección general del INAEM, días después de aquella noticia, este afirmara que no cambiaría “la condición de empleado público y su marco normativo de los trabajadores”, hace pensar que no es la idea de fundación pública la que se baraja. Añadamos que, en caso de que sí lo fuera, habría que articular la dotación presupuestaria de esa fundación y nombrar patronos que ni estuvieran al albur del cambio político ni amarrados a su cargo. En cualquier caso, y para que a nadie le pille de sorpresa, el patronato sería el que a la Administración de turno gustase.

Dada, pues, la complejidad de articular con la eficacia que se pretende una fundación pública, creemos que se abre la posibilidad de estudiar la conversión del INAEM en una Agencia Estatal de la Música, figura menos compleja que la de la fundación y que supondría autonomía, flexibilidad y agilidad. Las leyes de autonomía del Museo del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía podrían ser, en parte, un ejemplo a seguir a la hora de resolver lo que se ha convertido en un problema endémico reconocible y reconocido. ¶

(Editorial publicado en el nº 390 de SCHERZO, de diciembre de 2022)