Karel Mark Chichon, eximido de los cargos de acoso laboral formulados contra él
El pasado año resultó tremendamente conflictivo y movido para la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y para su director titular, Karel Mark Chichon. Por un lado, el portavoz de Ciudadanos en el Cabildo de Gran Canaria, Ruymán Santana, exigía a la comisión ejecutiva de la mencionada orquesta que vigilase y controlase determinadas contrataciones “detrás de las cuales podemos intuir que hay favoritismo y actitudes de nepotismo”, en alusión a la contratación de la mezzosoprano Elina Garanca por el mencionado Chichon, que es su marido, para dos conciertos. Más adelante, se deslizaba que la contratación del propio Chichón como director titular de la formación grancanaria podría no haberse ajustado a derecho. Y, paralelamente, la jefa de producción de la orquesta, Isabel Turienzo, y el que entonces era gerente de la misma, Christian Roig (finamente despedido del cargo tras haber superado el periodo de prueba y haber sido renovado), presentaban sendas denuncias contra Chichon por presunto acoso laboral. Turienzo demandaba a la comisión ejecutiva de la OFGC protección frente “a riesgos laborales de carácter social, así como medidas preventivas”, aduciendo que llevaba meses expuesta a un ambiente de trabajo hostil provocado por Chichon.
Todas estas noticias hicieron correr ríos de tinta en los medios de comunicación no solo canarios, sino del resto de España. Meses más tarde, y casi de puntillas (como suele ocurrir siempre en este país cuando los ‘escándalos’ no son más que meras tormentas en un vaso de agua), se ha sabido que el Cabido de Gran Canaria y la comisión ejecutiva de la OFGC eximen a Chichon de las acusaciones de acoso, después de que una investigación interna encomendada a Écija Asociados, uno de los principales despachos de abogados de España, no haya encontrado el menor indicio que confirme las acusaciones de Turienzo contra el director titular de la orquesta. Según esa investigación, Chichon actuó correctamente en todo momento y su comportamiento fue impecable. Turienzo solicitaba en su denuncia una indemnización de 100.000 euros por “violación de derechos fundamentales, falta de empleo efectivo y descrédito profesional”.
