Peligro real

Peligro real

La Orquesta Sinfónica de Galicia es, además de una magnífica orquesta, una institución hoy por hoy imprescindible en la vida cultural de su comunidad. Para llegar a eso en una ciudad como A Coruña, con solo doscientos cincuenta mil habitantes, ha sido necesario emprender y consolidar una gestión artística de primer nivel —su actual titular, Dima Slobodeniouk, es uno de los directores de su generación más requeridos por las mejores orquestas del mundo— y mantener contra viento y marea una gestión económica cuyos recursos decrecientes arriesgan un futuro que no puede perderse. Y no deja de resultar curioso que la causa fundamental de esa crisis económica sea el incumplimiento por parte de la Xunta de Galicia de su compromiso de aportación económica al Consorcio que rige los destinos de la OSG.

El convenio de colaboración con la Xunta para la financiación del Consorcio para la Promoción de la Música —creado por el Ayuntamiento de A Coruña y que gestiona a la orquesta— se firmó el 28 de diciembre de 2004. Por virtud de ese convenio la Xunta pasaría a cofinanciar el ente con una cantidad de tres millones de euros anuales una vez que los estatutos del Consorcio se modificasen con el objetivo de incluir a la Xunta como parte del mismo, lo que se produjo en 2005. Una vez incorporada la Xunta a los órganos de gobierno del Consorcio, se estableció que las aportaciones económicas acordadas por parte de aquella tuvieran desde ese momento la condición de transferencias corrientes. El asunto funcionó tal y como se recoge en el convenio y en los acuerdos firmados hasta 2011. A partir de ahí la Xunta incumplió año tras año lo pactado en una horquilla que va de los 358.000 a los 859.000 euros anuales, lo que suma, a día de hoy, una deuda a la Orquesta Sinfónica de Galicia de 5.159.266 euros.

No es de extrañar, pues, que la OSG se vea obligada a plantearse recortes muy serios en su actividad social. Así lo explicaba Slobodeniouk en La Voz de Galicia:  “Hay proyectos, como los coros o las orquestas juveniles, que están en una situación de peligro real. Con el presupuesto que tenemos no podemos planificar, no sabemos qué va a pasar en el próximo año”. El caso es que se han cancelado encuentros de la Orquesta Joven, el Coro está en el aire, como los proyectos pedagógicos, y las salidas a otros escenarios gallegos se hacen más difíciles. A ello hay que añadir los problemas de la gestión privada de la sede de los conciertos de la OSG, el inadecuado por muchos conceptos Palacio de la Ópera, cuyo alquiler anual le supone un desembolso de un millón de euros a cambio de usarlo en condiciones cada vez más precarias, incluyendo que la concesionaria ha reducido el personal contratado para su mantenimiento por debajo de los niveles de 1992. Se hace necesario, pues, y ello pasa por el compromiso de un Ayuntamiento que tienes otras cosas bien graves en qué pensar, encontrar un acomodo adecuado —es muy difícil adaptar el actual pero peor sería estar en la calle, desde luego— a las necesidades de una orquesta que no es solo una cumplidora de sus conciertos de abono sino un elemento de dinamización social y que, en ese aspecto, empieza a vivir en precario.

Tras estos problemas económicos hay una realidad que los poderes públicos no debieran minusvalorar. Una comunidad autónoma como Galicia se encuentra ante la obligación de no dejar caer el que es hoy uno de sus símbolos y, sobre todo, una de sus realidades más evidentes en el campo de la cultura. Y para ello lo primero debiera ser que la Xunta abonara una deuda cuyo crecimiento solo cabe achacar a una interesada dejación de funciones, pues solo así se entiende que año tras año nada se haya hecho para su cancelación. Y a partir de ahí apostar muy en serio por la continuidad de su vinculación a un proyecto en el que también el mecenazgo —a pesar del pésimo ejemplo dado por Naturgy en el campo del arte con el cierre del MACUF—, en una ciudad como A Coruña de no pequeño poderío económico, debiera implicarse a fondo. Mi colega y sin embargo amigo Julián Carrillo —constante recordador del asunto— se refería hace poco en las páginas de la edición gallega de El País a la impavidez con la que los máximos dignatarios de ambas empresas acudían, cercanas las navidades, al concierto que todos los años patrocina Naturgy como si no pasara nada, sin decir esta boca es mía. Qué más da.

Ha llegado, pues, el primer aviso, el momento de plantearse qué futuro se quiere para una orquesta que define la excelencia a que es capaz de llegar una comunidad en materia de arte. Que una política que tantas veces responde con palabrería —léase con gestos tan sobreactuados como la Cidade da Cultura en el caso que nos ocupa— a los derechos culturales de sus ciudadanos no acabe por frustrarlos.