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Industria y cultura



Industria y cultura

Los recientes nombramientos de altos cargos en la Secretaría de Estado de Cultura corresponden a un perfil decididamente técnico, acorde al desarrollo de funciones que implican un marcado carácter de gestión. Casi íbamos a continuar con el tópico: pura y dura. Pero quizá ahí esté el matiz, en que pureza y dureza no están reñidas con un material de delicada manipulación como es la cultura —de su creación a su difusión—, un derecho de los ciudadanos que, no se olvide, nuestra Constitución contempla en su Prólogo y, en sus diferentes aspectos, en los artículos 9, 44, 46, 48 y 50.

Parece evidente que los nombramientos a que aquí nos referimos —la Dirección General de Industrias Culturales y la del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música— tienen que ver con la reorganización económica de las relaciones entre el Estado y la cultura. Y que a veces se opina con demasiada ligereza sobre lo que la economía general debe aportar a las empresas culturales, cayendo en el doble error de considerar que éstas debieran dejarse a su suerte y que aquélla las ha apoyado hasta el exceso. Ya se ha oído un término peligrosísimo por parte de un responsable de cultura autonómico: “la burbuja cultural”. Y lo inmediato es hablar del modelo norteamericano como ejemplo a seguir sin saber que las condiciones de uno y otro ámbito han sido tradicionalmente, y lo son todavía, bien distintas y sin advertir el debate creciente en Estados Unidos acerca de las bondades del modelo europeo como democratizador del acceso a la cultura y como capaz de hacer más libre el funcionamiento programador de las instituciones dependientes por completo del capital privado.

En el nuevo organigrama de la Dirección General de Industrias Culturales figura sumida la extinta Dirección General del Libro, que es de quien dependían las ayudas a las revistas culturales. Vaya por delante que la pérdida de su denominación ya clásica no debiera suponer la caída de una actividad necesaria, se llame como se llame. Y también es verdad que será difícil objetivar ahora como subvención lo que era una administrativamente mal articulada compra de ejemplares de aquellas revistas que, sin embargo, estaba destinada a un consumidor final que no era otro sino el usuario de las bibliotecas públicas, tan en su derecho a ser ayudado a leer como el asiduo a un restaurante de lujo o a una tienda de moda a consumir un proyecto nacido de una empresa igualmente apoyada por la Administración. No parece, tampoco, que las revistas culturales tengan menos derecho a ser subvencionadas que otros sectores editoriales o del mundo de la comunicación ni que deban resignarse, culpables de nada, a formar parte de ese chocolate del loro que tantas cosas útiles suele llevarse por delante. Y si la moda o la cocina —tan apoyadas institucionalmente— son industrias culturales, no parece que lo sea menos la mucho más barata edición de revistas especializadas, una industria pequeña, sí, mínima en algunos casos, pero que contribuye a otra mayor con una presencia importante en nuestro PIB, que sostiene unos cuantos puestos de trabajo y que algo aporta a la educación de los españoles.

Así, pues, lo conveniente sería que la Administración y las revistas culturales —agrupadas en su mayoría en ARCE— llegaran lo antes posible —el tiempo aquí vuela peligrosamente— a un acuerdo acerca de cómo articular unas subvenciones que suponen un porcentaje importante en las posibilidades de supervivencia de aquéllas. En un modelo en el que la subvención es fundamental para el mantenimiento de la oferta cultural y, al mismo tiempo, en una época de crisis, dejar caer a las revistas frente a otros sectores más caros carece de sentido, y más si tal caída es inmerecida. Hace poco el experto en temas de edición Joaquín Rodríguez exponía sensatamente cuál puede ser el criterio: “la calidad del producto y contenido propuesto; su regularidad; el impacto generado; el grado de consolidación de la empresa y la posible creación de empleo cualificado y estable”. Y es que esa es la única forma de devolver a la sociedad lo que ésta aporta a una parte de su desarrollo cultural. Y bienvenidas sean a la vez las nuevas leyes de patrocinio y mecenazgo en un contexto en el que se rumorea —y algo más que eso— el fin del compromiso de algunas instituciones con sus obras sociales, o para decirlo más concretamente, con sus programas culturales, es decir, con aquello que les distinguía en su relación con esa misma sociedad que confiaba en ellas su dinero precisamente por eso.

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