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La propiedad intelectual es un derecho




Tanto las manifestaciones de diversos sectores profesionales del mundo de la música en contra de la piratería como la idea del Gobierno de regular las descargas de música y cine en internet a través de la Ley de Economía Sostenible han desatado una tormenta mediática y política de considerables proporciones que ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad que la sociedad española tiene de una reflexión general, reposada y ecuánime acerca de la verdadera importancia del problema. Si de algo ha servido la polémica que continuará sin duda por su propia naturaleza de asunto complejo y hasta difuso en algún punto— es para volver a poner de manifiesto que de esa falta de información, de discusión y de legislación proceden algunas de las actitudes que estos días de atrás han manifestado políticos y consumidores. Unos políticos a los que el desarrollo de la sociedad de la información les ha pillado desprevenidos y tratan ahora de reciclarse rápidamente mediante lecciones aprendidas —da la sensación— de alguno de sus hijos fan de la descarga en lugar de haber tratado de entender, por ejemplo, qué significa y qué sentido tiene algo que ha irritado tanto al consumidor español como el canon digital, por poner un ejemplo. De la actitud agresiva y, por ello ni suficientemente explicativa ni justamente disuasoria de la SGAE, pasamos a que algún expresidente de comunidad autónoma llegue a decir en una tertulia radiofónica que lo mejor con los derechos de autor es que figuren como una posibilidad más en la casilla de la declaración del impuesto sobre la renta destinada a las aportaciones para la Iglesia o las ONG. El que quiera pagar que pague y el que no que disfrute gratis. Bien se ve que no tiene muy claro qué es verdaderamente la propiedad intelectual aunque sí sepa que ya no necesita de ningún coro artístico que acuda en su apoyo antes de las elecciones. En definitiva, la mala explicación de lo que es el negocio de la cultura —que lo es—, la falta de un discurso sólido por parte de los opinantes, la apelación a la libertad como atolondrada consecuencia de la falta de discurso acaban en la consideración para una parte de la comunidad a que pertenece del artista como un parásito.
 
Es lamentable que una parte de la sociedad española no comprenda el derecho del creador a recibir un dinero por parte de quien disfruta de su trabajo —exactamente lo mismo que hace un futbolista o un criador de cerdo ibérico. Pero igualmente grave es que se la amenace con medidas que cuestionan el ordenamiento jurídico y que, sobre poco comprensibles, serían, además, de difícil aplicación. La cuestión está en que hay que hacer comprender a la sociedad que la gestión honrada de la propiedad intelectual —del derecho moral del creador y de su legítima aspiración a recibir algo a cambio de su trabajo— ni atenta ni debe atentar al derecho a la libertad de información o al acceso al conocimiento. Y para explicarlo hace falta saber de qué va el asunto e iniciar una labor pedagógica que en lugar de basarse en la agresividad o en apelaciones a la libertad de los creadores —confundiendo vocación y circunstancia— parte de la base de que la tecnología es imparable y hoy por hoy su regulación es lo más parecido a poner puertas al campo. Es decir, conocer la realidad y pactar con ella sin renunciar a derecho alguno.
 
El miedo a los votos de los internautas ha hecho que nadie se explique con claridad ni se ponga del lado de la ley, esa que aquí, con la alegría que nos caracteriza, preferimos no cumplir mientras no se nos obligue a ello por las bravas.

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