Palau de les Arts: último episodio

Que la política activa esté tan imbricada en la cultura de nuestro país —no porque los políticos sean especialmente cultos sino porque quieren aprovecharse de ella, entre otras cosas porque consideran que la pagan ellos, se diría que con su dinero— puede llevar a situaciones tan disparatadas como la que se produjo en Valencia tras el estreno de la controvertida producción de La flauta mágica a cargo de Graham Vick, director de escena, todo hay que decirlo, de reconocido prestigio. La sala del Palau de les Arts —“templo de la lírica” según algún cronista— presentaba, porque el montaje así lo requería, carteles que en tiempos felizmente olvidados se hubieran llamado subversivos. La producción aludía a cuestiones sociales —fíjense, como en La verbena de la Paloma— y quería ser, con éxito o no, es lo mismo, una nueva lectura de una obra que, por cierto y con la connivencia de muchos teatros, se considera erróneamente poco más que un cuento infantil para disfrute de inocentes criaturas que todavía no saben, aunque lo ejerzan, qué son la misoginia o el racismo.

Pues bien, he aquí que el presidente de la gestora del PP de la ciudad de Valencia, Luis Santamaría, ha puesto el grito en el cielo y considerado que el conseller de Cultura, Vicent Marzà, “debería dimitir por destrozar el prestigio del Palau de les Arts”. Y añade: “Lo peor es que el tripartito se ha creído que todo se puede politizar y es lo que están haciendo también en el Palau de les Arts”, rematando que en el montaje había “una clara intención”.

Bastaría con reproducir las palabras del señor Santamaría y no añadir ningún comentario para obtener el resultado de lo que entiende por cultura y por política y, lo que casi sería más grave, también lo que no entiende de ópera.

En España, y mientras no haya una ley de mecenazgo, los poderes públicos estatales, autonómicos o municipales mantienen las actividades culturales igualmente públicas en mayor o menor medida, casi siempre mayor. Mientras el Teatro Real presume de que casi se basta por sí mismo, todos los demás se quejan de que les dan poco dinero. Pero ni el uno ni los otros se plantearían tolerar la interferencia del poder político más vocinglero no ya en sus programaciones sino en sus representaciones, se supone que hechas desde la profesionalidad e inmediatamente defendibles por ello. En este asunto, sin embargo, se echa de menos la inmediata defensa de la función valenciana por parte de sus responsables. Pero, claro, esos responsables no están ya en un teatro que parece a la deriva, aunque, al fin, tenga a su frente dos nuevos nombres. Desde casi el día mismo de la bronca citada, una nueva directora general, María Inmaculada Plà, sin currículum en estos menesteres. Y a partir del 1 de enero de este 2019 a un gestor artístico de demostrada competencia como es Jesús Iglesias, a quien, en su condición de responsable de los títulos y, sobre todo, de la producciones a programar, es de suponer que el episodio le haya puesto los pelos como escarpias, si se nos permite la expresión.

Lo peor de todo esto es que se veía venir y aquí lo hemos señalado en varias ocasiones. Maazel para hoy y hambre para mañana sería el lema que resumiera esta carrera ojalá no imparable hacia el desastre. Lo único que puede frenarla es, como sucede en tantas cosas, el sentido común. Que Plà e Iglesias puedan trabajar libremente desde el deseo de hacer un teatro de ópera simple y llanamente posible, lo que debe incluir la revitalización de la Orquesta de la Generalitat Valenciana. Un teatro de ópera para todos y no solo para que el señor Santamaría ejerza su censura, ese resto de nuestros peores días. ¶

(Editorial publicado en la revista SCHERZO, nº 347, de enero de 2019)